Por: Álvaro Vergara, Diario Financiero
La pandemia obligó a muchas empresas y organizaciones a digitalizar sus operaciones, mientras los consumidores se volcaron a las compras y trámites online.
Esta aceleración de la transformación digital, si bien es una buena noticia porque mejora la experiencia de servicio, también deja al descubierto retos urgentes, que a juicio de tres expertos se tomarán la agenda local en 2021: la protección de datos personales, la ciberseguridad y la reconversión laboral.
Protección de datos
Importantes actores del mundo de la tecnología están instalando hubs de sus servicios de nube en Chile, por lo que para el director de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI), Carlos Bustos, una legislación que garantice la protección de datos personales “nos hace más atractivos como proveedores y exportadores de servicios”.
En 2017 ingresó al Congreso un proyecto de ley para regular el tema, hoy en primer trámite constitucional en el Senado. Este incorpora principios de estándar de la regulación europea (RGPD), cuyas disposiciones -como la explicitación para otorgar o retirar el consentimiento informado- aplican a todas las empresas que procesan información personal de cualquier individuo que viva en la Unión Europea (UE), independiente de la ubicación de la empresa.
Asimismo, crea una Agencia de Protección de Datos administrativa e independiente, como una figura institucional que contará con los recursos y atribuciones necesarias para educar, fiscalizar, sancionar y coordinar la cooperación internacional en el área.
“Que Chile cumpla estas exigencias permitirá contar con el marco jurídico necesario y con datos personales de los residentes de la UE en tiempo real, facilitando nuestra participación como proveedores de servicios globales de tratamiento de datos. Esperamos ver avances en la tramitación durante el primer semestre de 2021”, estima Bustos.
Ciberseguridad
El uso intensivo de tecnología ha incrementado los riesgos para personas, empresas e instituciones, reflotando la necesidad de contar con una institucionalidad “capaz de establecer una coordinación técnica y política, y de implementar medidas transversales en materia de ciberseguridad”, dice la presidenta de la Alianza Chilena de Ciberseguridad (ACC), Yerka Yukich.
La publicación de la Política Nacional de Ciberseguridad (PNCS) en 2017 trajo consigo algunos avances, como la gobernanza transitoria compuesta por el equipo de respuesta a incidentes sobre seguridad (CSIRT, su sigla en inglés) del Ministerio del Interior y el Comité Interministerial de Ciberseguridad. No obstante, “se debe definir el modelo institucional y una gobernanza permanente’’, sostiene Yukich.
Se generó una agenda legislativa para actualizar la normativa sobre delitos informáticos -a cuya tramitación se le ha dado urgencia para aumentar las penas y los ámbitos de las infracciones- y crear la Ley Marco de Ciberseguridad, que busca crear la institucionalidad, subir estándares, establecer normas y fijar presupuestos para la seguridad informática.
“Esto se debe concretar a la brevedad para generar una ‘cibercultura’ que nos permita movernos por el ciberespacio sin poner en riesgo claves, credenciales o información delicada, ya que uno de los principales desafíos es la educación de las personas en ciberseguridad”, advierte la experta.
Reconversión laboral
“Hoy el desafío de la transformación digital no es tecnológico, sino de acceso a talento humano”, advierte el director ejecutivo de Talento Digital para Chile, Vladimir Glasinovic.
Al déficit permantente de 5 mil puestos laborales en el mundo tecnológico local, se suma la creciente demanda de demandan perfiles digitales, debido a la aceleración de la transformación digital.
Dice que el perfil más demandado este año será el desarrollador full stack, capaz de abordar los desafíos de cara al usuario (front-end) y los del lado del servidor (back-end). Un reto que se está abordando principalmente en bootcamps de programación -cursos intensivos en el desarrollo de habilidades digitales- que en Chile aumentaron de dos en 2018, a 20 en 2020.
Señala que también se requiere reentrenar a quienes ya están insertos en las empresas. Por ejemplo, aquellos que desarrollan una labor que está quedando obsoleta y por ende requieren una reconversión laboral, los que cumplen una función que está evolucionando y deben mejorar sus competencias a través de una especialización, y quienes ejercen puestos que prácticamente desaparecerán y por lo tanto requieren de nuevas habilidades para desempeñarse en una actividad distinta.
“Cada vez más los perfiles de reclutamiento irán mutando hacia personas que sean capaces de desarrollar ciertas tareas específicas, por sobre aquellas que tengan un título profesional”, proyecta Glasinovic.
